TRANSPARENCIA Y HUELLA LEGISLATIVA PARA UNA BUENA REGULACIÓN

Jose Ignacio Herce Maza, Abogado en ejercicio Y Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), www.joseignacioherce.es

La transparencia y el acceso efectivo a la información de interés general de la Administración es un elemento esencial para una democracia de calidad. Los instrumentos de publicidad activa y la concesión del acceso a la información pública son pilares básicos de aquellos sistemas jurídicos que reconocen el protagonismo de la persona humana en el espacio político y en el Ordenamiento jurídico. La transparencia es un must en el Estado social y democrático de Derecho.

Una ciudadanía que exige transparencia y que practica el acceso a la información de interés de todos es consciente de su posición central en el sistema. Las Administraciones Públicas no son ni de políticos ni del personal que trabaja en la Administración, sino que son de los ciudadanos, que tienen derecho a participar en los asuntos públicos y pedir rendición de cuenta a los gestores de la res pública.

La transparencia toma fuerza en un tiempo en el que el poder público sufre una crisis de legitimidad consecuencia de la opacidad de la Administración y de la distancia que siente el ciudadano ante la Administración. El conocido como Gobierno Abierto surge como una reacción a la Administración de muros de granito para promover una edificada con muros de cristal que recupera la legitimidad por hacer partícipe a los ciudadanos de la cosa pública. La ciudadanía se empodera y reclama su espacio de participación libre y efectiva.

Gracias a la transparencia los ciudadanos pueden ser conscientes de las decisiones adoptadas, del funcionamiento de las instituciones, del manejo de fondos y de los criterios que guían a las Administraciones. Una Administración transparente facilita la participación ciudadana y la rendición de cuentas porque reconoce que las personas son las protagonistas de lo público.

Las obligaciones de transparencia no solo abarcan la creación de un Portal de Transparencia o la concesión de acceso a información pública, sino que forman parte de algo mucho mayor: la necesidad de una cultura de transparencia en el que la Administración cristalina, cercana, abierta y participativa sea la regla general.

Reforzar la calidad en el procedimiento de las normas jurídicas refuerza la credibilidad de las instituciones en una potestad tan importante como la normativa es una demanda de los destinatarios de la actividad de las Administraciones: ciudadanos, cuerpos intermedios, empresas y agentes socioeconómicos entre otros integrantes de la sociedad civil.

Un gran paso para mejorar la transparencia en el desarrollo de normas jurídicas es la conocida como huella normativa, en virtud de la cual se hace público a la ciudadanía la “huella” de la tramitación de la normativa de rango legal y reglamentario.

Esta metodología en la tramitación de normas jurídicas muestra a la ciudadanía a través de los portales de transparencia los documentos y contenidos que tienen lugar en el proceso. Algunos ejemplos de las informaciones que deben ser publicadas son el informe presupuestario, informe de Administraciones competentes y servicios jurídicos, alegaciones y respuestas tras la información pública, información detallada de la evolución de la norma y su articulado, etc.

La información debe estar organizada de tal manera que se pueda conocer cómo nace un proyecto de texto normativo y como finaliza con todos los cambios que vive en el camino. Gracias a la huella legislativa se podrá conocer la influencia que los grupos de presión marcan en un texto normativo y conocer los efectos concretos de alegaciones que un colectivo concreto presente. También que colectivos son ignorados en la tramitación de la norma. Aplicado en conjunto con la publicidad de las agendas políticas es una potente arma de control ciudadano a la actividad política.

Para que la publicidad de la huella normativa no sea una quimera la información deberá ser real, veraz, completa, actualizada, comprensible en una plataforma conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

El principio de transparencia forma parte de los principios de buena regulación.

Conocer los entresijos del desarrollo de una normativa con objeto de conocer los pequeños detalles que conforman las grandes decisiones regulatorias es un derecho de los ciudadanos.

La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de 8 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de España destaca que es de interés público que los ciudadanos conozcan los elementos que sirven de base para la toma de decisiones públicas.

El interés público al que se hace referencia forma parte del derecho a la máxima transparencia y acceso a la información pública que debiera categorizarse de derecho fundamental o, al menos, como un derecho autónomo dotado de protección jurídica efectiva, rápida, ágil y eficaz para garantizar los estándares necesarios para la configuración de una democracia de calidad. Cuestión que echamos de menos en algunos Ordenamientos jurídicos.

La Administración Pública ha de actuar bajo los parámetros del buen gobierno y de la buena administración para que los ciudadanos conozcan los detalles de la actuación de las Administraciones Públicas. Así llegaremos entre todos a un sistema democrático sano y participativo en el que el poder público se destina a la satisfacción del interés general de la mano con la ciudadanía.

Bibliografía:

  • Algunas consideraciones sobre el acceso a la información pública a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3º, sección 3º), núm 1547, de 16 de octubre. Jaime Rodriguez-Arana Muñoz & Jose Ignacio Herce Maza. Anuario da Facultade de dereito da Universidade Da Coruña, núm. 22, 2018.
  • Transparencia y acceso a la información pública. Jose Ignacio Herce Maza. Manual para la Buena Gestión de la Seguridad Social. OISS. 2020.

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